Estos son los puntos clave del referendo que propone Uribe para darle un ‘timonazo’ a Colombia
A través de las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un video en el que señala unos puntos concretos sobre aspectos que, desde su perspectiva, deben ser aplicados en pos de corregir el rumbo de la nación colombiana.
Después de ser dejado en libertad por la juez de Bogotá Clara Ximena Salcedo Duarte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer un discurso en sus redes sociales donde hacía especial énfasis en derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y también de su pretensión por reducir el Congreso de la República.
La juez que dejó en libertad al exsenador dijo: “La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en este orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata de doctor Álvaro Uribe Vélez”, manifestó.
Por otro lado, Uribe dijo en ese discurso que “Pensemos además en un referendo que disminuya el Congreso y la burocracia, adopte una norma vértice para la cúpula de la justicia, garantice ingreso solidario a los más pobres y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor. Que derogue la JEP y confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también a los desmovilizados de buena fe”, señaló el expresidente.
En este sentido, agregó que “las consecuencias del sistema judicial que heredamos del gobierno anterior. Ese conjunto normativo vinculado a la JEP consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de menores. La verdad se ha convertido en una premeditación para negar o editar los hechos de acuerdo con el interés político”.
Luego de conocer su perspectiva de la JEP, el expresidente hizo público un borrador con 13 puntos que harían parte de ese referendo. Hace unas horas, haciendo uso de su cuenta de Twitter, el exsenador hizo algunas precisiones y presentó el primer borrador del referendo que propone. Primero en video, luego compartió un documento de Google Drive.
Las medidas que el expresidente propone van desde una reforma judicial, tanto para las altas cortes como para el cuerpo de la Justicia Especial para la Paz, hasta la reducción de la burocracia estatal. Asimismo, trata las problemáticas de las drogas, la educación y la pobreza.
Las iniciativas más destacadas son las siguientes:
Reforma de la rama judicial
La iniciativa del exmandatario se centra en la posibilidad de establecer «una o dos altas cortes» como máximo, donde sus integrantes sean personas mayores de 55 años, con las mejores cualidades académicas y jurídicas y cuyos períodos no excedan los 12 años para garantizar una justicia imparcial y pronta.
La JEP se eliminaría o reformaría de fondo, pero en todo momento se respetarían las garantías judiciales a los miembros de las fuerzas militares.
En caso de una derogatoria, las funciones del tribunal pasarían a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, se crearía una corte especial que juzgaría a los militares con base en los lineamientos y protocolos establecidos de acuerdo a los crímenes cometidos en razón a sus actividades, con excepción de delitos de abuso, acceso carnal, terrorismo o contra el estado.
En cambio, si se decide por una reestructuración de fondo, la reducción de los períodos de los actuales magistrados de la JEP sería una alternativa que se aplicaría de forma inmediata.
Protección especial para líderes sociales
En los casos de homicidios de líderes sociales, el delito sería castigado con una agravación punitiva y en ningún caso los responsables de este tipo de crímenes recibirán subrogados penales ni beneficios judiciales.
Responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ocupar cargos públicos
No podrán ocupar cargos de elección popular, ni dentro de la estructura del Estado colombiano, quienes sean hallados responsables por delitos de lesa humanidad. La aplicación de esta norma sería de carácter general e inmediata. Se respetarían las garantías judiciales y el principio de favorabilidad en materia penal pero no en participación política.
Potestad del gobierno para decomisar sustancias ilegales
Aunque su porte y consumo no estén sancionado penalmente, la propuesta del expresidente Uribe va dirigida a que la autoridad estatal tenga la facultad de decomisar las sustancias ilegales.
De esta manera, la política del decomiso junto a las medidas de prevención y rehabilitación, serían las herramientas para combatir el flagelo de las drogas.
Disminución del Congreso de la República
Bajo la idea de «normas de austeridad en el funcionamiento estatal», el Congreso tendría una reducción del 30 % de sus integrantes. Además, se propone un congelamiento por 6 años de los salarios de los congresistas. Con esta iniciativa se busca menos burocracia para redireccionar los recursos hacia la inversión en los rubros de educación y salud. Como bien dice Uribe, «menos burocratismo, más inversión social».
Equidad social
Para el exmandatario, la propuesta del ingreso solidario para personas en estado de vulnerabilidad debe ser establecida como una política de estado «para que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza». Al mismo tiempo, se propone la implementación de un bono pensional para los recién nacidos en familias vulnerables.
Fortalecimiento de la gratuidad de la educación
En materia educativa, Uribe afirma que para que todos los sectores tengan acceso a la educación formal el gobierno garantizaría «la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica». Para cumplir con esta meta, serían destinados recursos a través de instituciones públicas, privadas, mixtas o solidarias.
En este punto, el exmandatario cuestiona el accionar de la Federación Colombiana de Educadores, que ha desvirtuado sus principios formadores para dedicarse al activismo político y adoctrinamiento.
La justicia, bajo la lupa
Desde diversos sectores de la sociedad se ha criticado la manipulación de la justicia ordinaria a través de las altas cortes y la corrupción administrativa.
También se ha cuestionado el accionar de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Dentro de los hechos más polémicos en los que se vio envuelta la JEP fue su oposición a que la Justicia investigara las conductas delictivas del narcoterrorista Jesús Santrich, quien habría participado en un plan para coordinar varias toneladas de cocaína con destino a México.
Mientras la defensa de Santrich presentaba recursos jurídicos – con la anuencia del senador de las FARC, Iván Cepeda – el criminal aprovechó y se fugó con destino a la clandestinidad. Allí, junto a Iván Márquez, se volvieron a alzar en armas con el escudo de las FARC.
Otra de las situaciones que mantuvieron en vilo a la credibilidad de la Justicia fue la detención que ordenó la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe. De acuerdo con la defensa del exmandatario, hubo múltiples irregularidades procesales —suficientes para que en ningún caso se hubiese proferido un auto de detención— que no fueron tomadas en cuenta por el alto tribunal, a pesar del cúmulo probatorio.
En el marco del litigio en contra de Uribe, se filtraron algunas piezas procesales a medios de comunicación afines a la izquierda radical que manipularon la información de forma segmentada para dar una sensación de culpabilidad.
No obstante, la defensa del expresidente solicitó la apertura pública del expediente con la finalidad de demostrar la verdad procesal de los hechos. Asimismo, medios como Revista Semana, El Expediente y NTN24 revelaron pruebas acerca del montaje en contra del expresidente Uribe.
Estos son los trece puntos del referendo que propone Álvaro Uribe Vélez
En las próximas semanas comenzaría la recolección de firmas para definir si esta iniciativa tendrá posibilidades de hacerse real
1.- Referendo Popular
Se convocaría a un Referendo Constitucional de iniciativa popular.
2.- Rama Judicial, una o dos Altas Cortes; y pronta justicia
Se establecería una o dos altas corporaciones judiciales, que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público.
Los magistrados serían mayores de 55 años, para periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio), elegidos por cooptación con aprobación del Senado.
Se estudiarán soluciones expeditas a demoras judiciales.
3.- Comisión Especial Legislativa
Se crearía una Comisión Especial Legislativa integrada por 30 miembros, elegidos por el Senado. Los miembros de dicha comisión deberían ser ciudadanos colombianos, con el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, que:
a) implemente el referendo
b) proponga al Congreso las medidas; si estas no fueren adoptadas dentro de los seis meses siguientes, el presidente podrá expedirlas mediante decretos con fuerza de ley.
4.- Tribunal de Aforados
Se crearía un Tribunal de Aforados para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados.
5.- JEP. Derogatoria o reforma de fondo
Se espera que con esta reforma se les brinde más garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Así entonces las alternativas son:
a) Se derogaría la Jurisdicción Especial de Paz y sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, pero se mantienen los beneficios judiciales.
b) Se reducirían los periodos de los actuales magistrados.
Garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas:
La reforma principal de esta propuesta es la de crear una sala especial para los miembros de la fuerza pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales.
Libertad condicional para miembros de la fuerza pública:
Los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido 5 años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional. Se exceptúan delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.
6.- Protección de líderes sociales
El homicidio en personas consideradas líderes sociales, de acuerdo con la ley, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas.
7.- Exclusión del Congreso de responsables de delitos de lesa humanidad:
Las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular, ni podrán ser elegidos para cargos unipersonales.
8.- Decomiso de sustancias ilegales sin criminalizar consumo
El Gobierno podrá ordenar el decomiso de sustancias ilegales, así su porte y consumo no estén sancionados penalmente.
El consumo de sustancias ilegales no se sancionará penalmente. Las políticas de salud pública como prevención, rehabilitación y decomiso serán las únicas aplicables a los consumidores.
9.- Austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social
Los gastos estatales en nómina, directa o indirecta, y funcionamiento, en los diferentes niveles del Estado, se congelarán en términos reales durante seis años.
10.- Disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario
Se reducirá el Congreso en un 30 por ciento. La remuneración de los congresistas se congelará durante los siguientes seis años.
11.- Avance hacia la equidad, ingreso solidario y bono pensional
El Estado apoyará con un recurso económico a las personas de mayor vulnerabilidad. Se focalizará de tal modo que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza monetaria. La ley definirá la medición de pobreza y la gradualidad para erradicarla.
El Estado entregará un bono pensional a los recién nacidos de hogares vulnerables. Solamente uno por familia.
El monto se definirá de acuerdo con las posibilidades fiscales y podrá redimirse para emprendimientos del titular.
12.- Gratuidad educativa según el nivel de ingresos con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento
El Estado garantizará la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias.
13.- Protección remunerada de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia
El Estado remunerará el cuidado de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia, la Orinoquia y el Litoral Pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno, de acuerdo con criterios técnicos.
El cuidado y la remuneración se harán preferiblemente a través de quienes hayan tenido asentamiento en esos territorios, como moradores ancestrales e integrantes de comunidades locales.
