La polarización en torno a la investigación sobre el expresidente de Colombia sugiere que el país podría seguir de nuevo el camino del fanatismo que originó décadas de violencia.
Por Pedro Pizano y Andrés Manosalva* – The New York Times
El 3 de agosto, la Corte Suprema ordenó —en un auto de 1554 páginas o 15 veces más largo de lo usual— la detención preventiva del expresidente colombiano y entonces senador Álvaro Uribe Vélez. La pregunta es si él sabía (o debería haber sabido) que Diego Cadena, uno de sus abogados, estaba presuntamente amenazando y sobornando testigos y cuándo lo supo.
Tras la orden de detención, voces tanto de derecha como de izquierda han proferido amenazas de encender la violencia. Con frecuencia, las discusiones empiezan con intercambios de insultos, acusando al otro de ser “peligroso”, “ingenuo”, “estúpido”, o “sin memoria”.
La polarización en torno al caso de Uribe sugiere que Colombia podría de nuevo seguir el camino sobre el que advierte Emil Cioran en su Genealogía del fanatismo: “Cuando nos rehusamos a admitir el carácter intercambiable de las ideas, la sangre corre […]. El diablo palidece junto a quien es dueño de una verdad, su verdad”. Uribistas y anti-Uribistas deben tratar de estar menos seguros de sus verdades. El país debe debatir y examinar evidencias sin etiquetas.
Ver la propia ideología, el candidato favorito, la visión personal del mundo no nada más como mejor —y este segundo paso es crucial— sino como moralmente superior, ha incitado el derramamiento de sangre.
Uribe es inocente hasta que se demuestre su culpa. La investigación ofrece una oportunidad de poner fin a la cultura política de intocabilidad. Una democracia madura requiere que los poderosos e influyentes respondan ante la justicia, pero también la protección de sus garantías. La suerte jurídica de Uribe no debe ser la chispa que inicie un nuevo incendio, sino un hito para la justicia y la paz en Colombia. Hay que poner fin a la política sectaria, en la que pertenecer a un bando parece imponerse al Estado de derecho, la ley y la democracia.
En los años noventa, con más de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, Colombia era uno de los lugares más violentos del mundo. De enero a junio de este año, el país registró su tasa de homicidio más baja en generaciones: 23,31 por cada 100,000 habitantes. Si bien Steven Pinker y Malcolm Deas han demostrado que la reputación de Colombia como un lugar violento desde tiempos inmemoriales es un mito, el país ha tenido periodos de intensa Violencia —con V mayúscula— que han ido disminuyendo a raíz del acuerdo de paz de 2016 entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno colombiano. Masacres, protestas y casos de abuso recientes muestran que los avances son frágiles. Si el caso sobre Uribe no se resuelve de manera creíble, transparente y apegada a la ley, la violencia puede recrudecer.
Tras la renuncia de Uribe a su curul como senador, el caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía, abriendo el debate sobre si el actual fiscal general, Francisco Barbosa, es imparcial. Barbosa es cercano al presidente Iván Duque, quien ganó la presidencia representando al partido de Uribe. Esto no es obstáculo en sí mismo, pero debe evitarse cualquier indicio de impropiedad. Barbosa negó cualquier “causal de impedimento ni recusación en el presente caso”. La Corte Suprema rechazó el pedido de recusación. En otras actuaciones, la capacidad del fiscal Barbosa de anteponer sus deberes ante el país a sus intereses personales ha quedado en entredicho.
Los errores y la opacidad aumentan las suspicacias y la desconfianza. Las instituciones y quienes las representan deben velar por su propia legitimidad. Como ciudadanos, debemos vigilarlas con los mecanismos que nos proporciona la ley, los debates políticos, el periodismo y nuestro quehacer personal. En todo caso, los individuos deben responder por su responsabilidad real y probada, no ser tratados como chivos expiatorios de una responsabilidad colectiva.
Algunos de sus detractores quieren un castigo para Uribe independientemente de la evidencia o el debido proceso. Sus seguidores rechazan los cargos en su contra, justifican cualquier falta en nombre de sus logros a favor del país y acusan a sus críticos de extremismo. También sin evidencia. Ambos extremos caen en el error de querer usar el poder judicial no como instrumento de cohesión sino como arma política. Las exaltadas reacciones a la detención de Uribe y el uso de la ley como lanza política no son nuevas. Colombia ha tenido líderes igual de polarizantes que han desatado periodos de violencia política.
En febrero de 1944, Laureano Gómez, un conservador quien luego sería presidente, fue a la cárcel cuando Alberto Lleras Camargo, un ministro liberal y también futuro presidente, sugirió que Gómez debería ser enjuiciado por calumnia. Un juez tomó la sugerencia y encarceló a Gómez por un día y un par de horas.
Un comentarista liberal de la época, Juan Lozano y Lozano, escribió en aquel entonces: “Al señor Gómez hay obligación patriótica de tratarlo, no como se trata a un reclamante, sino como se trata a una huelga. El señor Gómez es, antes que todo, una gran realidad social”. Lo mismo puede decirse de Uribe.
También en los años cuarenta, Jorge Eliécer Gaitán, quien desafiaba a las élites políticas tanto liberales como conservadoras, declaraba en sus discursos: “No soy un hombre, soy un pueblo”. El asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 fue determinante para exacerbar “la Violencia”, una sangrienta guerra civil no declarada entre facciones políticas polarizadas que dejó entre 80.498 y 113.032 muertos.
En 1994, el entonces presidente Ernesto Samper, confrontado con evidencia de que dinero del Cartel de Cali había financiado parte de su campaña, acuñó una frase que aún resuena en el país: “Aquí estoy y aquí me quedo”. Aunque había motivos suficientes para su impugnación, Samper hizo valer su promesa y culminó su periodo. Si enfrentara un juicio justo, como debería, a Samper, como a Uribe, deberían brindársele las mayores protecciones del debido proceso.
Hoy, Uribe no es visto como un “reclamante” más. Al igual que Laureano, Samper y Gaitán, su solo nombre polariza, sea como el emblema de la nación o como raíz de sus males.
Ahora que la investigación a Uribe está en manos de la Fiscalía, no se requieren tribunales especiales ni que el fiscal se recuse. El país exige un riguroso respeto por el debido proceso y una conclusión pronta, acertada y creíble de formular cargos en contra de Uribe o archivarlos de manera contundente, transparente y legítima.
La defensa de Uribe, a cargo de Jaime Granados Peña y Jaime Lombana Villalba, respondió en respuesta un cuestionario que formulamos para este artículo: “es importante que la defensa del presidente Uribe se funda en la demostración de la verdad”. Tanto seguidores como detractores pueden coincidir en que la demostración de la verdad debe primar.
Así, si la Fiscalía convincentemente investiga las acusaciones y garantiza el derecho de Uribe a un procesos justo, tiene la oportunidad de restablecer su credibilidad y la maltrecha confianza en la justicia. Puede ayudar, adicionalmente, a terminar con el eterno ciclo de deshumanización de quienquiera se considere el adversario político del momento y a frenar la espiral viciosa de la violencia.
Aún si el resultado final no nos agrada, debemos poder reclamar, debatir y tener desacuerdos dentro de la estridencia constructiva de la democracia, sin fanatismos, sin amenazas, sin deshumanizar y evitando perder nuestra paz por la violencia.
*************************
• Pedro Pizano es el fellow de Derecho Penal Internacional y del Periodismo de los Derechos Humanos en el Instituto McCain para el Liderazgo Internacional.
• Andrés M. Manosalva es abogado de George Washington University Law School y actualmente cursa su M.F.A. en Escritura Creativa en North Carolina State University.
