Veeduría Distrital Santiago de Cali

La idea de conformar la veeduría distrital para Santiago de Cali “Veedurcali”, está enfocada en prevención de la corrupción administrativa, mediante la promoción y divulgación del principio de la moralidad pública y el fortalecimiento del control interno.

Precisamente, la promoción y divulgación del principio de la moralidad pública y el fortalecimiento del control interno es la misión que deberá cumplir “veedurcali”, a partir de las experiencias y conocimiento de su autor su autor intelectual -el docente investigador, profesor de la Univalle, Maximino Mafla Arango-, en la creación, montaje e implementación de la Veeduría Distrital de Bogotá D. C.

La Veeduría Distrital de Cali, soportada en la democracia participativa modelo que empezó a regir el 5 de Julio de 1991, fecha que entró en rigor la actual Constitución. El cambió fundamental de un modelo de gestión centralizado a un modelo de gestión descentralizado, de un modelo de Estado de Derecho a un modelo de Estado Social de Derecho, de un modelo de desarrollo Económico, donde el hombre estaba al servicio de la Economía a un modelo de desarrollo social e integral donde la economía está al servicio del hombre.

La creación de la Veeduría Distrital de Cali, tiene como finalidad, la prevención de la corrupción administrativa, mediante la promoción y divulgación del principio de la moralidad pública y el fortalecimiento del control interno, deberá encargarse de la estructuración, organización y normal funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitaria establecidas en el territorio.

La Veeduría Distrital de Cali, abordará desde un punto de vista teórico- práctico, la necesidad de crear espacios ciudadanos y comunitarios donde converjan y se articulen la ciudadanía-mediante la participación ciudadana en los asuntos público- la academia, el sector empresarial e industrial del país, con el Estado, y más concretamente con el sector público, para propiciar soluciones de gobernabilidad y gobernanza a la problemática de la corrupción administrativa y la falta de transparencia en los procesos de contratación del Estado.

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